El exalcalde de la localidad alicantina prestará declaración el próximo 10 de septiembre, tras apreciar el juzgado indicios de delito de prevaricación
La Fundación del Toro de Lidia interpuso una querella por prevaricación contra Francisco Javier Esquembre, exalcalde de Villena, después de tres años denegando permisos para celebrar toros haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales
El exalcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, prestará declaración el próximo 10 de septiembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Villena, al apreciarse que existen indicios de delito de prevaricación tras la querella interpuesta por la Fundación del Toro de Lidia.
El exalcalde de la localidad alicantina está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación, tras los múltiples pronunciamientos judiciales que determinaron de una manera rotunda que el Ayuntamiento de Villena no podía prohibir ni impedir la celebración de festejos taurinos en su localidad.
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A pesar de las resoluciones favorables obtenidas en los tribunales por la FTL en los años 2016, 2017 y 2018, el entonces alcalde de Villena continuó denegando las peticiones realizadas por la FTL con la Peña Cultural Taurina Villenense, motivo por el que la Fundación se vio obligada a presentar en 2018 una querella por prevaricación.
Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, ha manifestado que «aunque hubiéramos preferido que simplemente se dieran toros tras la primera de las tres sentencias favorables, desde luego, la FTL no se va a detener nunca, vamos a llegar siempre hasta el final. En Villena como en Olot, allá donde se conculque la ley impidiendo la celebración de una actividad cultural».
Miguel Ortuño, presidente de la Peña Cultural Taurina Villenense: «sentimos que la vuelta de los toros a Villena está cada vez más cerca. Queda poco para que concluyan estos años en los que hemos tenido que desplazarnos para poder asistir a la celebración de un espectáculo legal».
Un recorrido judicial iniciado por la FTL en 2016:
En 2016, ante la negativa del Ayuntamiento de Villena a realizar una corrida de toros por considerar «que los espectáculos taurinos tienen connotaciones negativas y no conviene asociarlo al municipio», el TSJ de la Comunidad Valenciana dictaminó que el Ayuntamiento carecía de competencia tanto para autorizar o denegar la celebración de espectáculos taurinos como para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como bien de interés cultural y condenó al consistorio a abonar las costas del procedimiento.
Un año más tarde y ante la misma situación, una nueva resolución judicial insiste en que «siendo la tauromaquia un patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, el municipio de Villena no constituye una excepción a esta máxima establecida legalmente; y dado que los poderes públicos deben ejercer una acción de salvaguardia de la tauromaquia, el Ayuntamiento de Villena también se encuentra comprometido dentro de tal exigencia legal» y le condena de nuevo a las costas.
En 2018 y ante las dos últimas resoluciones judiciales en contra de la negativa del Ayuntamiento, se solicitó de nuevo la Plaza de Toros de Villena para realizar una corrida de toros. En este caso, el consistorio no denegó la solicitud explícitamente pero sí por silencio administrativo.
El Tribunal en esta ocasión condenó al Ayuntamiento de Villena basándose en la jurisprudencia generada por los procedimientos anteriores interpuestos por la FTL y añadió que el silencio administrativo, al no dar razones para negar la solicitud, coloca a la parte demandante «en la más absoluta indefensión», cerrando así también esta postura del consistorio.
En paralelo, y dada la actitud arbitraria de Francisco Javier Esquembre que continúa impidiendo la celebración de un espectáculo taurino en Villena, la FTL inicia un procedimiento por la vía penal que es admitido a trámite el 28 de mayo de 2019 y sobre el que hoy conocemos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Villena aprecia que existen indicios de un presunto delito de prevaricación.
Prensa FTL
